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Piden quiebra de reconocida inmobiliaria en Chile: mantiene una deuda de más de 1.200 millones de pesos
La empresa habría incumplido el pago de un pagaré dentro del plazo correspondiente. Ahora, recibió una solicitud de liquidación forzosa.
El 11 de marzo la Inmobiliaria Paseo San Damián recibió una solicitud de liquidación forzosa por parte del Banco Security. El requerimiento, ingresado en el 23° Juzgado Civil de Santiago, se sostiene en que la inmobiliaria no hiciera efectivo el pago de un Pagaré en Unidades de Fomento (UF) dentro del plazo correspondiente, pues el documento fue suscrito el 29 de marzo de 2022 con la entidad.
Security sostiene que la deuda ascendía a las 37.927,208 UF, lo cual correspondía a $1.204.541.879 hasta la fecha. Asimismo, se estableció que el Pagaré sería saldado en pesos, según el valor de la UF al día del pago, fijado al 29 de septiembre de 2023.
La solicitud detalla que San Damián renuncia “a toda presentación, requerimiento, protesto o aviso de cualquier tipo en relación con este Pagaré, liberando expresamente al Acreedor de la obligación de protesto. Así las cosas, se trata de una obligación de pago de una cantidad de dinero determinada que se encuentra vencida por la llegada del plazo, 29 de septiembre de 2023, que hasta la fecha no ha sido solventada por San Damián ni por su codeudor solidario, y que consta en un título ejecutivo perfecto”.
Además, agrega “se cumplen en la especie todos los requisitos que exige el artículo 117 N°1 de la Ley para el inicio del procedimiento concursal de liquidación de San Damián en tanto empresa deudora”. El pagaré contemplaba una tasa de interés del 5% anual del capital adeudado y fue firmado por Alfonso Vásquez Parker, el dueño de la inmobiliaria. Asimismo, el fue quien que ofició como aval y codeudor solidario.
La historia de San Damián con la justicia
Anteriormente, la inmobiliaria tomó acciones contra el banco. En esa instancia, la empresa solicitó que se declararan nulos unos contratos celebrados tipo leasing y lease-back con Security.
“Estos contratos celebrados uno tras otro son simulaciones, a juicio de esta parte, de contratos de financiamiento a través de herramientas permitidas en nuestro ordenamiento jurídico con la finalidad de vulnerar el cobro de la tasa máxima convencional, escapando así a la regulación entregada por la Superintendencia de Bancos en aquel tiempo, hoy Comisión para el Mercado Financiero”, esgrimió San Damián.
También, señalaron que “escondieron costos no permitidos, camuflados y sin sustento mediante la renovación sucesiva de los contratos como ya se indicó, pues los mismos contenían condiciones y términos que no fueron aprobados, no fueron pactados ni tampoco son legales, existiendo una diferencia entre lo pactado y la intención ilícita de la sociedad bancaria”.