Proveedores de la Salud advierten: la deuda hospitalaria ya no es un problema financiero sino una amenaza sanitaria

Los gremios que agrupan a los principales proveedores del sistema público de salud —la Asociación de Dispositivos Médicos de Chile (Adimech) y la Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud (APIS)— advirtieron ante la Comisión de Salud del Senado que la creciente deuda hospitalaria ha alcanzado un punto crítico que amenaza directamente la continuidad de la atención médica y la seguridad de los pacientes.

Según las organizaciones, la deuda acumulada en el sistema público supera los 450 millones de dólares, y su crecimiento “sin control, sin trazabilidad y sin horizonte de solución” podría derivar en un colapso operativo antes de fin de año.

“La deuda hospitalaria ya no es un problema financiero: es una amenaza sanitaria. Sin dispositivos médicos no hay atención, y sin atención, no hay salud. Hoy los proveedores estamos financiando la salud pública de Chile”, advirtió Ricardo Cortés, presidente de Adimech.

Una deuda desbordada y sin control

De acuerdo con los antecedentes presentados por Adimech, solo entre mayo y septiembre de este año, la deuda hospitalaria aumentó en un 150%, acumulando miles de facturas impagas, productos entregados sin órdenes de compra y hospitales operando fuera de su marco presupuestario.

“Los hospitales se están abasteciendo a crédito y los proveedores somos quienes sostenemos el sistema. Pero esto no puede continuar: sin pagos, no hay insumos; sin insumos, no hay atención médica”, recalcó Cortés.

Por su parte, el director ejecutivo de APIS, Eduardo del Solar, detalló que la deuda con sus asociados asciende a 87 millones de dólares, cifra reconocida públicamente desde el gobierno anterior.

“Actualmente, a los socios de APIS se les adeudan 87 millones de dólares, cifra que corresponde solo a nuestro gremio, no al conjunto del sector salud. Si se considera la deuda de APIS, junto a la de municipalidades y farmacias, el monto total supera los 450 millones de dólares. Es decir, la deuda real del sistema es significativamente mayor”, precisó del Solar.

Además, denunció que el Estado incumple reiteradamente las leyes vigentes:

“El propio Gobierno ignora la Ley de Impuestos al definir arbitrariamente los plazos de facturación, y vulnera la Ley de Pago a 30 Días, hecho reconocido por la Contraloría en dos informes que no han derivado en medidas correctivas.”

Senadores advierten irregularidades administrativas

Los parlamentarios presentes coincidieron en la gravedad de las denuncias y anunciaron un requerimiento ante la Contraloría General de la República.

El senador Gustavo Sanhueza señaló que “las denuncias son sumamente graves. Más allá del incumplimiento de pago, aquí se evidencian malas prácticas y falta de control administrativo. Nada justifica que no se sigan los procedimientos establecidos.”

Mientras que el senador Francisco Chahuán agregó que “la deuda está siendo trasladada a futuras administraciones o excluida del presupuesto. Hay retrasos de hasta un año en los pagos, lo que mantiene a las Pymes del sector en una situación desesperada.”

“El Estado no paga, los hospitales se detienen”

Los gremios denunciaron que la red pública de salud está operando con una contabilidad ficticia, donde se entregan insumos sin respaldo financiero y se ocultan deudas bajo artificios administrativos.

“Los hospitales están rechazando facturas válidas, demorando órdenes de compra y dejando de renovar tecnología. Esto ha paralizado procesos clínicos y deteriorado la atención, con equipos obsoletos en pabellones, UCI y laboratorios. La vida de miles de pacientes está en riesgo”, advirtió Cortés.

La asfixia financiera que enfrentan los proveedores amenaza con un colapso inminente en la cadena de suministro médico, lo que podría provocar desabastecimiento crítico en los hospitales públicos.

“Las empresas están sin pagos, sin garantías y sin liquidez. Si no se actúa ahora, Chile podría enfrentar una crisis sanitaria sin precedentes”, alertó del Solar.

Ambos gremios coincidieron en que el Presupuesto 2026 no contempla soluciones reales al problema estructural, perpetuando la brecha entre el gasto efectivo y el financiamiento asignado.

“Se sigue presupuestando menos de lo que realmente se gasta, y esa diferencia se cubre con deuda. Cada año, el Estado financia la salud pública a crédito, mientras las facturas impagas se acumulan”, explicó Cortés.

“Chile no puede seguir financiando su salud con deuda. Si el Presupuesto 2026 no reconoce la magnitud del gasto real ni incorpora la deuda hospitalaria acumulada, estaremos simplemente postergando el colapso del sistema público de salud.”

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