CMF aplica sanción histórica a Sartor: multa a Michael Clark supera los $2.500 millones

La Comisión para el Mercado Financiero confirmó sanciones contra exdirectores y antiguos ejecutivos de Sartor Administradora General de Fondos, luego de un procedimiento iniciado en abril.

La investigación determinó infracciones a la Ley Única de Fondos, a la Ley de Mercado de Valores, a la Ley de Sociedades Anónimas y al reglamento del sector.

Las multas a exdirectores y exgerente general van desde 10.000 hasta 80.000 UF, todas acompañadas de inhabilidad por cinco años para ejercer cargos directivos en entidades reguladas.

Entre ellos destaca el actual presidente y accionista de Azul Azul, Michael Clark, quien recibió una multa de 65.000 UF ($2.500 millones) y una inhabilidad temporal de 5 años.

Desde el entorno del timonel de la U informaron que el resultado del proceso por la CMF “es injusto, porque se le asignan dos cargos donde su defensa no fue considerada dentro de la sanción”, y seguirán la defensa por la vía legal.

Apuntan que el proceso sigue abierto dado que existen recursos legales pendientes que serán ejercidas en las instancias pertinentes de apelación ante la CMF y la justicia ordinaria. Por lo anterior, Michael Clark puede seguir siendo presidente de Universidad de Chile.

¿Qué dice la CMF sobre Sartor?

La CMF concluyó que la administradora realizó inversiones que favorecían a empresas vinculadas a miembros del directorio, desatendiendo el deber fiduciario hacia los fondos y sus aportantes.

Además, se comprobó la entrega de información contable que no reflejaba la verdadera situación patrimonial de los fondos Sartor Leasing y Sartor Táctico.

Los reportes omitieron riesgos relevantes asociados a sociedades relacionadas con dificultades financieras y compromisos impagos, lo que derivó en estados financieros considerados falsos por el regulador. La gravedad del caso llevó al organismo a revocar la autorización de existencia de Sartor AGF.

Tras el cierre del proceso administrativo, la CMF remitirá los antecedentes a Fiscalía para que determine eventuales responsabilidades penales vinculadas a estas operaciones.