Colo Colo gana en tribunales y recibirá millonaria cifra: decisión oficial

El Tribunal de Asuntos Patrimoniales de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) emitió una resolución definitiva en favor de Colo Colo, poniendo fin al litigio jurídico que la concesionaria alba mantenía con Provincial Osorno a raíz de las indemnizaciones por derechos de formación del futbolista Carlos Soto.

La determinación del órgano de la ANFP obliga al conjunto de la Región de Los Lagos a desembolsar la suma de 56.877 dólares (un monto equivalente a poco más de 51 millones de pesos chilenos) en favor de la administradora del club de Macul, Blanco y Negro S.A., fijando además un plazo perentorio de quince días corridos para hacer efectivo el pago total de la obligación financiera.

El origen de la disputa y el fuerte impacto en el sur

El caso que vincula al centrocampista de 24 años se arrastraba desde que Provincial Osorno incorporó al futbolista a sus filas profesionales en la Segunda División Profesional, luego de que este completara su etapa formativa en las divisiones inferiores del elenco popular.

La resolución fue oficializada por la propia escuadra lechera a través de sus canales formales, donde admitieron que el dictamen judicial desestabiliza las proyecciones presupuestarias diseñadas por la mesa directiva para la presente temporada local.

“Dijo fallo es un golpe duro para Provincial Osorno como institución, ya que atenta directamente contra la continuidad operativa y financiera del club, lo que nos obligará a redoblar los esfuerzos tanto a nivel dirigencial como de comunidad e hinchada para dar oportuna solución a esta situación”, detalló la orgánica de los “Toros” mediante un comunicado público.

Ofensiva ante los tribunales de libre competencia

Frente al adverso escenario económico que impone el fallo del Tribunal Patrimonial de la ANFP, la plana mayor del conjunto de la Región de Los Lagos optó por diversificar sus líneas de defensa jurídica fuera de los márgenes de la asociación de Quilín, cuestionando de raíz la naturaleza reglamentaria de este tipo de cobros dentro del profesionalismo nacional.

La directiva taurina confirmó que continuará tramitando las acciones legales e institucionales que mantiene vigentes ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). El argumento central de Provincial Osorno apunta a la presunta improcedencia legal y los efectos anticompetitivos que generan este tipo de cobros retroactivos sobre los presupuestos de las instituciones de menores recursos en el circuito nacional.

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