Así será el cobro del CAE a los deudores con sueldos mayores a $1.5 millones de pesos

El escenario para los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) ha dado un giro drástico hacia la vía judicial. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó este jueves que ha instruido formalmente a la Tesorería General de la República para iniciar el cobro coactivo a aquellas personas morosas que perciban sueldos superiores a los 1,5 millones de pesos mensuales.

La medida busca recuperar recursos públicos de sectores que, según la autoridad, cuentan con la solvencia necesaria para estar al día, desmitificando la idea de que todos los deudores en mora se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica.

Según detalló Quiroz, existen actualmente cerca de 1.800 personas morosas del CAE en Chile que perciben sueldos brutos por sobre los 5 millones de pesos mensuales, acumulando una deuda impaga con el fisco que asciende a los 20 millones de dólares. Ante esta realidad, el titular de Hacienda fue enfático en señalar que el Ejecutivo no dudará en utilizar todas las herramientas legales disponibles, incluyendo la ejecución de embargos, para asegurar el retorno de estos capitales al erario nacional.

“Embargos y remates de bienes”

La viabilidad de esta ofensiva de cobro fue analizada por Flavia Cilveti, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, quien aseguró que el Estado posee facultades suficientes para perseguir estas deudas de forma efectiva.

La experta explicó que la Tesorería General de la República puede ejercer tanto una cobranza administrativa como judicial. Esta última vía permite interponer demandas ante los tribunales civiles, solicitando mandamientos de ejecución que terminan directamente en el embargo y eventual remate de los bienes del deudor si este no cumple con el pago tras ser requerido legalmente.

Para la docente, el problema histórico no ha sido la carencia de instrumentos legales, sino una falla en la aplicación sistemática de los mismos durante los últimos años. En el proceso judicial, la notificación juega un rol clave; si bien la regla general es la notificación personal a través de un receptor judicial, la ley también contempla mecanismos subsidiarios, como la notificación por cédula o por avisos, para asegurar que el proceso avance.