La Justicia toma una decisión con Joaquín Lavín León: estó pasó con el esposo de Cathy Barriga

La justicia chilena dio un paso determinante este viernes en el caso que involucra al ex parlamentario Joaquín Lavín León. En una audiencia marcada por los contundentes antecedentes presentados por el Ministerio Público, el tribunal decretó su prisión preventiva en Capitán Yáber, argumentando que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad.

El magistrado Daniel Urrutia fue enfático al validar las pruebas de la fiscalía, señalando que los delitos imputados —fraude al fisco, uso malicioso de instrumento privado mercantil y tráfico de influencias— sugieren la existencia de una estructura organizada para delinquir desde el poder político. Misma medida cautelar recibió su ex asesor, Arnaldo Domínguez, imputado por una amplia gama de delitos, incluyendo cohecho y delitos electorales.

Las pruebas clave: Listas negras y funcionarios “a sacar”

Uno de los pilares de la formalización fueron los correos electrónicos interceptados por la Brigada Anticorrupción de la PDI, que demuestran la injerencia directa del entonces diputado en la administración municipal de Maipú.

De acuerdo con el reporte de la fiscalía, Lavín León confeccionó planillas para desvincular masivamente a trabajadores:

• Instrucciones cromáticas: En un correo, adjuntó una lista de 235 nombres con las indicaciones “azul, igual sacar. Verde, igual sacar”.
• Motivación política: En otros mensajes, el imputado escribió que ciertos funcionarios tenían la misión de hacer fracasar la gestión, sentenciando que “deben ser desvinculados”. En total, se comprobó el despido de al menos 497 personas bajo este esquema.

Facturas falsas y una “pyme” con fondos públicos

La fiscal Parra expuso además una serie de irregularidades económicas que habrían ocurrido entre 2015 y 2022. La persecutora afirmó que Lavín rindió facturas ideológicamente falsas como gastos parlamentarios por servicios nunca prestados por su asesor Arnaldo Domínguez. “No existen conversaciones de servicios reales que se estén prestando entre ambos”, sostuvo.

Asimismo, se le acusa de instrumentalizar recursos municipales para fines electorales propios:

• Uso de bases de datos: Habría obtenido información de electores del municipio de Maipú de forma indebida.
• SocialTazk: El uso de estos datos alimentó una aplicación descrita como un “call center político” financiado con fondos públicos. “Genera una especie de pyme; el interés privado predominó por sobre el interés público”, sentenció la fiscal.

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