La seguridad de un atleta en los Juegos de Río vale 72.525 euros

La inseguridad de Río de Janeiro, ciudad que en junio decretó “estado de calamidad pública” y tuvo que pedirle una ayuda de 761 millones de euros al estado para poder hacer frente a este punto clave de los Juegos, dependerá de 85.000 miembros (policías, el ejército y policías civiles). Será, oficialmente, la tercera sede más protegida de la historia del olimpismo por detrás de Seúl 88 (100.000) y Pekín 08 (110.000). Extraoficialmente, puede ser la primera si el COI diera a conocer las cifras que aporta a Río para mejorar la ­seguridad.

El país ha destinado esa cantidad para proteger a los 10.500 deportistas que tomarán parte, lo que supone un importe de 72.525 para salvaguardar a cada uno de los participantes. No serán los Juegos más seguros de la historia, ni por presupuesto ni tampoco por dispositivo, pero la inversión y la predisposición es considerable. La historia olímpica —al margen de la excepción de Seúl 88— sufrió un antes y un después a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y de la aparición cruel del terrorismo islámico. Los Juegos de Atenas 2004, poco después de los atentados de Atocha, trajeron un cambio de prioridades, y la seguridad se convirtió en el primer punto del programa olímpico. Pekín y Londres superaron también las previsiones y el presupuesto se disparó por encima de los 1.000 millones de euros.

El problema en Brasil es la liquidez. Hay mucho policía pero poco presupuesto. El pasado mes de junio, varios sectores públicos (funcionarios, bomberos y policía) protestaron airadamente porque se les debían las horas extras y el sueldo de algunos meses. Un policía en Río cobra alrededor de 4.200 euros al año. La recesión en la ciudad es obvia: en 2012 el salario medio era de 4.368 euros al mes, en 2014 se fijó en 3.048.