El futuro del negocio del fútbol, en manos de un tribunal belga
El juicio por la prohibición de los fondos de inversión amenaza a FIFA y UEFA con otro Caso Bosman. Está en juego la legalidad de los TPO, el Fair Play Financiero y del TAS.
La justicia belga dirimirá el futuro del negocio del fútbol. La Corte de Apelación de Bruselas se pronunciará el próximo 18 de enero sobre un asunto que podría sacudir los cimientos de la FIFA y la UEFA. Está en juego la legalidad de la prohibición de los fondos de inversión y del Fair Play Financiero, así como la legitimidad del “arbitraje forzado” del TAS y la capacidad de imponer sanciones disciplinarias de estos organismos.
El club belga RFC Seraing y el fondo de inversión Doyen Sports, representados por los letrados Jean-Louis Dupont y Martin Hissel (casos Bosman, Meca-Medina, G-14 contra FIFA y UEFA...), llevaron a la FIFA a los tribunales a raíz de la prohibición de la “propiedad de los derechos económicos de los jugadores de fútbol por parte de terceros”, comúnmente conocidos como TPO, aprobada en diciembre de 2014. Esta resolución del máximo organismo internacional del fútbol derivó de la insistencia de la UEFA, que había impuesto tres años antes el reglamento del Fair Play Financiero (FFP). El Seraing y Doyen reclaman en su demanda, interpuesta en la primavera de 2015, una regulación estricta en lugar de la prohibición total. La FIFA adoptó medidas disciplinarias en septiembre de 2015 contra el Seraing por incumplir la normativa de prohibición de TPO. El club belga fue sancionado sin poder inscribir nuevos jugadores durante tres períodos de transferencia, incluso en el caso de niños de cinco años, y con una multa de 130.000 euros.
La FIFA y la UEFA justifican su decisión sobre los fondos de inversión por una serie de cuestiones éticas. Según su postura, los TPO atentan contra la dignidad del jugador y contra la libertad de los propios clubes, poniendo en riesgo la integridad de las competiciones deportivas.
La FIFA, en cambio, no ha implantado ninguna medida de transparencia y código ético en relación a la propiedad de los clubes. En algunos países es complicado saber quién es el verdadero dueño de un club, estando muchos de ellos en manos del crimen organizado, según los denunciantes. "Muchos de los clubes de América central son propiedad de cárteles de la droga", señalan. Un problema que la misma FIFA ha reconocido en algún momento. “La delincuencia organizada se ha infiltrado en varios niveles del fútbol con el propósito preciso de producir dinero. Estamos viendo una tendencia a comprar clubes de menor nivel, así como el movimiento y tráfico de jugadores”, sostuvo el exjefe de seguridad de la FIFA Chris Eaton en febrero de 2016.
Problemática
En la actualidad, de acuerdo a la prohibición de los TPO, ningún jugador es propiedad de un tercero, pero ocurre que el propietario de un club (al que no se puede identificar con precisión) de cualquier liga menor puede contratar a un joven jugador para venderlo al día siguiente a un club español o inglés, reteniendo el “50% de los derechos económicos y federativos del futbolista”. Este tipo de operación, no condenada por la FIFA, podría considerarse TPO, pero al amparo de un club. También muchos operadores se apresuraron a comprar clubes pantalla. El caso del Deportivo Maldonado de Uruguay, el club fantasma de Stellar Group de Jonathan Barnett (agente de Bale), figura como uno de los más llamativos. Según los demandantes, la prohibición ha generado el contrabando.
El proceso abierto en Bruselas podría provocar consecuencias de alcance para la FIFA y la UEFA que incluso van más allá de la cuestión de la legalidad de la prohibición de los TPO, según fuentes próximas al pleito. El caso afectaría al “deber de equilibrio financiero”, recogido por la UEFA en su reglamento del FFP, así como a la cuestión, más importante todavía, de la legalidad del “arbitraje forzado”. Los estatutos de la FIFA y la UEFA obligan a que todas las disputas legales deben ser exclusivamente resueltas por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).
El Seraing cuestiona la legalidad de un arbitraje obligatorio de esta índole y se apoya especialmente en la sentencia del Tribunal Supremo de España en el "Caso Roberto Heras”. El alto tribunal declaró nula la sentencia contra el ciclista por dar positivo en la Vuelta España de 2005 basándose en que Heras no tenía por qué ir al TAS y que el consentimiento de los deportistas a este tribunal no es “libre y voluntario”. El Seraing invoca también que la imparcialidad e independencia del TAS se puede poner en duda ya que está bajo la influencia económica y política de las federaciones internacionales. Además, al ubicarse su sede en Suiza, no está obligado a aplicar el derecho comunitario.
Poder sancionador
El Seraing también objeta sobre el poder disciplinario de las federaciones internacionales, especialmente cuando adoptan sanciones que no solo perjudican a los clubes y sus dirigentes, sino también a terceros inocentes como empleados o los niños de la cantera. El club belga no puede inscribir a ningún menor de edad en sus categorías inferiores durante su castigo, lo que afecta al tejido social de la zona.
Los demandantes solicitaron a la Corte de Apelación de Bruselas que eleve una serie de preguntas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para resolver este asunto dentro del marco de libertades fundamentales que protege la UE (libre circulación de capital, de servicios y de personas) y el derecho de la competencia europea.
Si la Corte de Apelación de Bruselas lo remite al TJUE, la pretensión de las federaciones internacionales del fútbol de regular todos los aspectos económicos de su deporte, de tener un sistema judicial autónomo y de poder aplicar sanciones a terceros sería cuestionada. En Luxemburgo se jugaría la supervivencia del modelo FIFA. El “Caso Seraing” podría relegar al “Caso Bosman” a un simple aperitivo...