INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES
Las licitaciones post 'Caso Chiledeportes' que tienen en jaque al IND
Tras una guerra interna, a fines de abril la empresa Optimiza se adjudicó por séptima vez la evaluación de proyectos deportivos. Así, alcanza $550.900.000 de ganancias.
El 2007, después que se había desatado el escándalo de Chiledeportes por el recorte de los fondos concursables, la Cámara de Diputados le exigió al Instituto Nacional de Deportes (IND) que externalizara la evaluación de los miles de proyectos deportivos que postulan al año, y donde se entregan alrededor de $3.000 millones entre todos los seleccionados. Desde el 2008 el servicio pasó a ser licitado, y una misma empresa se lo adjudicó en siete oportunidades: Optimiza Asesores Limitada, que este 24 de abril volvió a ganar el proceso para la selección del 2018. La situación despertó dudas en algunos funcionarios del IND.
“Al final no hay mucha diferencia con lo de antes porque esta empresa coapta el servicio y no sabemos qué tipo de relación tiene con la gente de acá adentro. El mercado no funciona porque ganan los mismos de siempre. Es raro”, advierten fuentes al interior de la institución, donde en octubre del 2017 se desató una guerra interna que provocó acusaciones sobre supuestas traiciones. “Hubo discusiones y peleas entre funcionarios de alto cargo”, dicen. La empresa alcanza $550.900.000 de ganancias en los últimos diez años.
El Departamento Jurídico observó irregularidades en las bases de la licitación por “atentar contra el principio de igualdad”. ¿Los motivos? “No hay certeza de una transparencia porque las bases son tan específicas y rebuscadas que hacen imposible la adjudicación de otra empresa”, explica uno de los denunciantes. Los parámetros de la licitación en la propuesta técnica daban un alto valor (65%) a la experiencia de la empresa en proyectos deportivos y ningún mérito al presentar una metodología de trabajo. “Si una empresa nunca se ganó la licitación, tendrá una nota mucho más baja. Es como decir que solo ganarán los que ya trabajaron conmigo. Y es absurdo que el plan de trabajo no importe. ¿Quién va a perder tiempo postulando si sabes que ganarán los mismos del año pasado? A mi juicio, las bases están dirigidas a Optimiza. Es raro”, aseguran.
“La evaluación es una cochinada. No les interesa la propuesta técnica. A tal punto que los oferentes copian y pegan los proyectos de años anteriores. Total, eso ni te lo evalúan”, cuentan desde una de las empresas que ha participado en procesos anteriores.
El sobreprecio, los contratos extraños y la acusación vía whatsapp
Un grupo de funcionarios propuso bases nuevas, pero la solicitud tuvo rechazo desde el Departamento de Evaluación de Proyectos que lideraba Luciano Ramírez. “Tanto Ramírez como Gabriel Carrasco, de ASOFIND, desplegaron un intenso lobby para evitar la modificación de las bases”, acusan. Así, en diciembre del 2017 se concretó el primer llamado que tuvo dos empresas interesadas: Optimiza Limitada, con un costo de $134.900.000, y Batiscafo, que se lo había adjudicado el 2016 y que cobraba $81.000.000.
Pese a tener una empresa dispuesta a realizar el mismo servicio por $50 millones menos, el IND declaró desierta la licitación el 3 de enero. ¿La razón? “Habían problemas de redacción que hacían imposible evaluar”, argumentaron. En Batiscafo dan su punto de vista: “Ellos siempre postulan al máximo valor. El monto no da para eso. Se puede hacer perfectamente por 80 millones, el IND paga de más”
Dos días después se publicó el segundo llamado de licitación, que esta vez ponderaba la experiencia con un 45%, mucho menos que en el proceso anterior. Eso le daba más posibilidades a las otras empresas, pero Optimiza sorprendió con una modificación: su oferta, por el mismo servicio de la primera licitación, ahora tenía un costo de $97.900.000. Exactamente 37 millones menos que la vez anterior. “Fue evidente el sobreprecio que cobraban antes. Claramente es anormal y molestó que los tipos nos trataran de hacer lesos”, apuntan fuentes al interior del IND.
A eso se suma que dos integrantes de la comisión evaluadora (Julio Muñoz y Raúl Palacios) acusaron que Optimiza había utilizado contratos de otra empresa (CDI Consultores con el Ministerio de Obras Públicas) para respaldar su experiencia. Ante eso, ambos funcionarios elaboraron un informe donde solicitaban a Christian Droguett (Director del IND hasta abril del 2018) dejar fuera a Optimiza y adjudicar la licitación a la empresa Desarrollo Capital Social (Decaps).
Frente a escenario comenzó otra batalla. Rodrigo Pereira, ex jefe de la División de Desarrollo, le envió un mensaje vía whatsapp al ex director nacional Christian Droguett manifestando su disconformidad: “Tengo pruebas irrefutables para decir que la empresa (Decaps) por la que se inclinan Palacios y Muñoz es de papel (…) lo siento, pero esta w.. huele mal y por último el que avisa no es traidor”, era parte del texto.
Pese a que en la empresa Decaps no se quisieron involucrar en este reportaje, aseguraron que en el mes de la licitación tenían seis meses de constitución y tres facturas entregadas a través de Mercado Público.
Christian Droguett firmó la revocación del proceso el 16 de febrero.
Las dudas de la adjudicación
El miércoles 28 de marzo a las 18:47 horas, con bases que pasaron por la nueva administración, se concretó el tercera el llamado a licitación. “La Dirección de Compra ha sugerido un montón de veces que no se publiquen bases después de las seis de la tarde”, explican fuentes ligadas a la investigación. Como uno de los requisitos mínimos para ofertar, los interesados debían asistir a una reunión obligatoria el lunes 2 de abril. El 30 de marzo fue feriado. Los interesados tuvieron un día hábil para enterarse del proceso.
La situación causó molestia, y se notó a través del propio sitio de Mercado Público. “Me parece poco transparente”, fue uno de los reclamos. “Se notó que había sido en base a un secretismo, con intencionalidad”, argumenta una de las empresas interesadas que no alcanzó a participar. El oferente fue solo uno: Optimiza Asesores Limitada. La adjudicación por $110.000.000 fue el 23 de abril.
Los perjudicados son los usuarios. Según lo establecido inicialmente, la notificación de proyectos seleccionados debía ser a fines de abril. La situación se atrasará mínimo 70 días hábiles, pues la empresa tiene un margen de 60 días para evaluar y 10 para seleccionar. “Además no hay claridad. Uno como ciudadano e interesado no tiene información sobre cómo evaluarán los proyectos. ¿Quién asegura que en eso no hay un negocio?”, dicen los denunciantes. El 2017 se entregó dinero a 672 proyectos, de 5750 que postularon.
A través de correo electrónico se intentó conseguir la versión de la empresa Optimiza, pero hasta la publicación de este artículo no hubo respuesta.