¿La punta del iceberg?

La resolución de la primera sala del Tribunal de Penalidades que expulsó a Lautaro de Buin de la ANFP tras la denuncia del directorio por la presentación de documentación falsa e incumplir el tope de pago de las planillas de la segunda división profesional está lejos de ponerle punto de final al caso.

Y no porque el Toqui pueda apelar a la segunda sala, cuestión para la que tiene un plazo de cinco días, sino porque el precedente y los fundamentos del castigo pueden constituir apenas la hebra de una gran madeja de irregularidades en el balompié criollo. El inicio de una avalancha de grandes proporciones.

Qué Lautaro burló la norma y espíritu a través de dobles contratos está acreditado y así da cuenta el fallo unánime de la primera sala del Tribunal de Penas. El problema es que este hecho no sería algo puntual y adjudicable solo a Lautaro de Buin. Existen razones fundadas para creer que otros clubes también incumplieron el límite de pago que, según el artículo 63° de las Bases del Torneo de Segunda División, temporada 2020, asciende a 15 millones de pesos brutos.

Si Lautaro de Buin nominalmente se encuadró en el límite salarial, de acuerdo al presupuesto correspondiente al gasto de planilla presentado ante la Unidad de Control Financiero, lo que en términos reales ocurrió fue que el club le pagaba por fuera, a través de segundos contratos a algunos jugadores. En concreto, giraba e informaba un sueldo bajo ante la ANFP y, por el costado, cancelaba una cifra muchísimo más alta hasta completar lo que en privado se había pactado entre las partes.

Recordemos que el origen del caso se remonta a una acción del SIFUP que visibilizó un reclamo del exjugador de Lautaro, Hans Martínez, quién no llegó a acuerdo tras ser desafectado pese a tener contrato vigente. Ahí ardió Troya. Y el efecto dominó podría tener consecuencias insospechadas.

Para quienes se dieron el trabajo de ver la sentencia en las redes sociales, una recomendación: leer el noveno considerando. Ahí está la clave jurídica de la bola de nieve que podría comenzar a rodar. Es simple, así como Lautaro de Buin incumplió la norma, ¿qué pasaría si algún club de Primera A o Primera B entregó información falsa o incompleta en Quilín? En ese caso eventual puede que no exista un límite salarial como en la segunda división, pero ello no significa que no sea un hecho punible. Los alcances son jurídicamente interpretables.

Si un equipo X informa un presupuesto anual ante la Unidad de Control Financiero de la ANFP y se establece la garantía correspondiente como dicta la norma, ¿qué sucede si esa institución está funcionando con un presupuesto 2? ¿e informando de manera incompleta sus números a Quilín? Las sociedades anónimas deportivas y las sociedades anónimas abiertas (concesionarias) reportan a la Comisión para el Mercado Financiero, pero en la práctica la real fiscalización existe con rigor solo para éstas últimas.

Ojo que si alguien denuncia o Lautaro judicializa el tema en los tribunales ordinarios podría abrirse una caja de pandora. Y volarían plumas. ¿Estaremos en presencia de la punta del iceberg?