Ofensiva de la Universidad de Chile contra Azul Azul: el futuro del club, en juego
La Casa de Bello pasó a la ofensiva y encargó un informe jurídico clave para determinar los alcances legales y la protección de su nombre frente a la concesionaria.
La Universidad de Chile tomó una acción concreta ante la crisis institucional que sacude a la concesionaria que administra a su rama de fútbol profesional.
Por expresa petición de la rectora Rosa Devés, la casa de estudios contrató los servicios del abogado Andrés Jana para analizar el “Convenio de Autorización de Símbolos Distintivos” suscrito con Azul Azul.
Según La Tercera, la decisión se adoptó tras los recientes allanamientos de la PDI y las indagatorias del Ministerio Público contra el expresidente de la firma, Michael Clark, en el marco del bullado caso Sartor.
Desde la Alameda explicaron que el objetivo de esta auditoría legal es defender la imagen y los principios de la institución educativa más tradicional del país. La mesa universitaria considera que el actual vínculo es “débil y ambiguo”, acusando además una grave falta de transparencia y un frágil gobierno corporativo por parte de los controladores de la Serie B de las acciones, bloque mayoritario integrado por figuras como Cecilia Pérez y José Miguel Insulza.
El contrato de la discordia y las atribuciones de uso de la marca
El convenio que rige la relación entre ambas partes fue firmado el 18 de agosto de 2008 bajo la rectoría de Víctor Pérez y la presidencia de Federico Valdés, con la participación de Cristián Aubert como gerente general. La vigencia de este pacto se extiende de manera extraordinaria hasta diciembre de 2052, luego de que en 2022 la sociedad anónima liquidara la deuda tributaria histórica de la Corfuch ante la Tesorería General de la República, lo que gatilló una prórroga automática del mandato por 30 años más.
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El texto original estipula que la Universidad de Chile es la dueña exclusiva de la denominación, la letra “U” y la figura del chuncho, obligando a la concesionaria a pagar un royalty anual equivalente al 1,05% de sus ingresos brutos totales, cifra que bordea los $400 millones de pesos.
El informe encargado a Andrés Jana, socio de Jana & Gil Dispute Resolution y experto en litigios complejos ante el CIADI, será entregado formalmente a la próxima autoridad máxima que sea electa en la corporación estudiantil para determinar las acciones a seguir.
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