Ley de Portabilidad Financiera en Chile: qué es y en qué consiste
El Gobierno promulgó la nueva normativa legal que busca hacer más flexible para las personas el cambio de proveedor de productos financieros.
En el contexto de las medidas puestas en acción para hacer frente a la pandemia del coronavirus en el país, en La Moneda hubo un paréntesis para promulgar una ley que quizás no guarda relación directa con la grave contingencia sanitaria, pero sí posee trascendental importancia para la población.
Este miércoles, el presidente Sebastián Piñera oficializó la nueva normativa sobre Portabilidad Financiera. La ley comenzará a operar en todo el territorio nacional y, durante la semana pasada, había sido despachada desde el Congreso en Valparaíso. Para entrar en vigor solo falta que los Ministerios de Hacienda y Economía puedan dictar el reglamento respectivo.
¿Qué es la Ley de Portabilidad Financiera?
Consiste en una iniciativa legal que pretende facilitar a todas las personas y también a las micro y pequeñas empresas el cambio del proveeder que otorga productos financieros, tales como cuenta de ahorro, cuenta vista, chequera electrónica, línea de crédito, tarjetas de crédito y débito y créditos de consumo, entre otros. En el caso de los créditos hipotecarios habrá condiciones especiales para ello.
Cerca del 97 por ciento de la población adulta del país (más de 13 millones de personas) y una cifra superior las 800 mil pequeñas y micro empresas emplean algún producto financiero. Por lo tanto, el impacto de la nueva normativa en la población resultará de gran importancia.
¿En qué consiste la Ley de Portabilidad Financiera?
La Ley de Portabilidad Financiera opera bajo dos modalidades o procesos: estándar y subrogación. Cada una de estas cuenta con varios pasos que se deben cumplir para finalmente hacer efectiva la portabilidad.
La persona que pretenda cambiarse de entidad financiera, o refinanciar un crédito por ejemplo, deberá solicitar en forma online un certificado de liquidación. Este incluirá la individualización y el detalle de todos sus productos. Luego, podrá cotizar préstamos y productos en otras instancias bancarias.
El certificado puede solicitarse directamente al proveedor financiero y a continuación ser enviado a los potenciales nuevos acreedores para que realicen una oferta. Además, no existirá necesidad de una nueva hipoteca ni costos legales ni por constitución de garantía. Eso en el funcionamiento a grandes rasgos de la nueva ley.